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Exención del deber de información al interesado

Lunes, 01 Diciembre 2014 Escrito por Manuel V. Gil
Publicado en Legislación

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal regula un procedimiento -a petición del Responsable del Fichero- para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la exención del deber de informar (Art. 5 LOPD) al interesado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 3 de octubre de 2014, impide que las compañías discográficas recopilen datos de los usuarios de redes de intercambio de archivos (peer to peer, P2P) sin su consentimiento expreso. Entre el derecho a la intimidad y el interés legítimo de los propietarios de derechos de propiedad intelectual prevalece el primero.

Como consecuencia de la sentencia de 13 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determinados usuarios pueden solicitar que los motores de búsqueda eliminen resultados de consultas que incluyan su nombre si los derechos de privacidad de la persona prevalecen sobre los intereses en esos resultados.


Cuando nos conectamos a una red WiFi pública sin contraseña, lo que se conoce como red abierta, debemos tener presente que este tipo de conexiones entrañan ciertos riesgos que pueden afectar a nuestra privacidad, riesgos que debemos conocer. El administrador de esa red WiFi y/o cualquier usuario conectado a la misma, con unos mínimos conocimientos técnicos, van a poder leer los datos que estamos transmitiendo de manera que nuestra información va a quedar expuesta a terceras personas. Mayor seguridad ofrece una red WiFi pública con contraseña o red protegida, pues, por ejemplo, transmite la información de forma cifrada.

En efecto, cuando la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de los datos es determinada, no por la entidad responsable del fichero, sino por quien presta el servicio, estableciéndose un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado, nos encontramos formalmente ante una comunicación de datos y no ante un acceso por cuenta de terceros, necesitándose título que legitime el tratamiento, como, por ejemplo, contar con el consentimiento del afectado o bien, que haya una Ley que lo autorice.

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), establece, en su artículo 35 (enmienda 132), lo siguiente:

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